viernes, 26 de septiembre de 2014

miércoles, 24 de septiembre de 2014

HOY EN EL DIARIO LA REPUBLICA

FISCAL INVESTIGARÁ AL RECTOR Y DECANOS DE LA UIGV POR LAVADO DE ACTIVOS

El fiscal especializado contra el lavado de activos Marco Cárdenas abrió investigación preliminar al rector de la universidad Inca Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, familiares y principales colaboradores, con la finalidad de determinar su universo patrimonial y origen de sus ingresos.

La investigación se sustenta en las denuncias penales por diversos delitos que presentan Cervantes Liñán y sus colaboradores, y la investigación que realizó la comisión de Educación del Congreso.

Junto a Cervantes Liñán serán investigados Luis y María Cervantes Ganoza, Jorge y Manuel Lazo Manrique, los decanos de las facultades de Educación, Carlos Oyola Martínez; de Derecho, Jesús Rivera Oré; y de Ingeniería Industrial, Víctor Rojas Hernández, entre otros.

La fiscalía sospecha que Cervantes Liñán habría aprovechado su cargo para aprobar incrementos de sueldos y gestionando el contrato de familiares y personas cercanas, para justificar el retiro de los fondos de la universidad a fin de adquirir luego diversos bienes e inmuebles. 


martes, 23 de septiembre de 2014

HOY EN EL DIARIO LA REPUBLICA

LAS RAZONES DEL INDEFENDIBLE
CERVANTES. Los indicios acusan al rector de la Garcilaso, pero nuevamente una comisión del Congreso dio pie para que interviniera el Poder Judicial.


Indicios de culpabilidad señalan al rector de la Universidad Garcilaso de la Vega. Pero un juez anuló la investigación del Congreso. Tras el caso de Alan García, ¿se excedió el Poder Judicial?

Ricardo Uceda.
La anulación judicial de la investigación parlamentaria al rector de la Universidad Garcilaso de la Vega ha levantado una ola de críticas. Sobre todo por los indicios de maniobras delictivas en la casa de estudios. El juez ha sido quejado ante la OCMA por el procurador del Congreso, quien además apeló la medida. Pero detrás del suceso llaman la atención continuos tropiezos de las investigaciones parlamentarias en el Poder Judicial. Primero, en 2013, fue anulada la que se hizo contra el fallecido Javier Diez Canseco. Luego, entre 2013 y 2014, ocurrió lo mismo con la de Alan García. Y ahora Luis Cervantes Liñán canta victoria, después de que un dictamen de la Comisión de Educación del Congreso lo acusara de levantarse en peso a la universidad.

La Comisión de Educación denunció a Cervantes por  violar el Código Civil y la ley universitaria de 1983 al haber convertido a Garcilaso en un centro de enriquecimiento, distorsionando su carácter no lucrativo. El uno por ciento de los funcionarios percibía más de la tercera parte de la planilla laboral. En diez años este personal de confianza percibió 215 millones de soles, rompiendo récords mundiales de paga académica. Estos pormenores fueron inicialmente denunciados por Panorama, de Panamericana Televisión, y luego animaron la reciente discusión de una nueva Ley Universitaria, que finalmente otorgó al Estado mayor control sobre las universidades. Garcilaso pertenece a un grupo bajo sospecha de ejercer negocios distintos a los educativos, o de lavar dinero, ante la inoperancia de su autorregulador, la Asociación Nacional de Rectores (ANR). La ANR no ha podido intervenirla porque una jueza aprobó una medida cautelar solicitada por su Rector para impedirlo. 

RAZONES DEL JUEZ
Detalles de los exorbitantes sueldos, aumentos, bonificaciones y otros beneficios, así como de adquisiciones presuntamente injustificadas, componen la parte sustantiva del informe de la comisión, que el Congreso derivaría al Ministerio Público acusando a Cervantes de una serie de delitos. Por ejemplo, fraude en la administración de persona jurídica, apropiación ilícita, defraudación tributaria y lavado de activos, entre otros. Aparentemente la sustentación de las acusaciones es sólida. ¿Cuál fue, entonces, el problema? 

De acuerdo con el juez Ricardo Chang, el informe de la Comisión de Educación violó el debido proceso de los acusados. Algunos de los congresistas suscriptores estaban impedidos de realizar la investigación porque ya tenían una postura tomada: solicitaron investigar a la Garcilaso presumiendo diversos delitos de su Rector y otros funcionarios. Por otra parte, el juez puso en tela de juicio que una entidad privada, que tiene organismos de control específicos, fuera materia de supervisión por el Congreso. Pero, en principio, el Parlamento puede investigar todo asunto de interés público. Vemos aquí que las razones del juez Chang para traerse abajo un informe acusatorio del Congreso son distintas de las que tuvo el juez Hugo Velásquez para resolver los casos de Diez Canseco y de García.

CASO DIFERENTE
Una diferencia con el caso de Alan García es que, para anular el informe de la Megacomisión referido al ex Presidente, la objeción fundamental del juez fue que no se le había dicho con precisión de qué delitos se lo investigaba y cuáles eran los indicios de la imputación.  ¿Por qué, por ejemplo, los indultos se pueden considerar una infracción constitucional si correspondían a sus facultades como Mandatario? O ¿por qué era partícipe de una asociación ilícita para delinquir? Si García había sido investigado dos años, tenía derecho a conocer esos detalles para hacer su descargo, de acuerdo con estándares de debido proceso vigentes.

El mismo juez, Hugo Velásquez, señaló defectos similares a propósito de las acusaciones contra Diez Canseco, aunque en este caso hubo una variante adicional. En la discusión del informe final en el pleno apareció una acusación nueva, respecto de la que el parlamentario investigado no había hecho su descargo. Con Cervantes, en cambio, los problemas no se originan en su desconocimiento de los delitos posibles. Es más sencillo: sus acusadores estaban en la comisión que lo investigaba.

SIN QUERER…
Cuando un parlamentario solicita una comisión investigadora, lo hace convencido de que existen indicios de irregularidades en un tema de interés público. Que luego integre la comisión lo convierte en un investigador prejuiciado. Por eso el reglamento del Congreso establece que los proponentes de una investigación no podrán participar en la misma. Cervantes, ni corto ni perezoso, se basó en el hecho de que los congresistas Daniel Mora, Yonhy Lescano y Leyla Chihuán, firmantes del informe final que lo acusa, hubieran patrocinado la investigación–firmaron la Moción de Orden del Día–, para denunciar ante el Poder Judicial que el proceso estaba viciado. El juez le dio la razón. 

Cuando Julio Espíritu, Procurador del Congreso, contestó la demanda de Cervantes, sostuvo que el Congreso decidió que la responsabilidad de la investigación recayera en la  Comisión de Educación. Ergo, era irrelevante que algunos firmantes de la moción pertenecieran a ella. El argumento da la impresión de que a  Mora, Lescano y Chihuán les habría caído el encargo sin querer. Para oponerse al mismo, el juez Chang rescató un escrito del Procurador del Congreso cuando defendía a la Megacomisión ante el Poder Judicial. Espíritu dijo en ese proceso que solo se está ante un órgano investigador independiente e imparcial cuando ninguno de sus integrantes propuso su conformación. En sus propias palabras, entonces, estaríamos ante una vulneración esencial del debido proceso.

SE ACOSTUMBRAN
Otro argumento de Chang es que investigar los sueldos exorbitantes en Garcilaso, así como la  situación financiera de la universidad y la actuación de la ANR en el caso–los objetivos que se propusieron los parlamentarios–, no son asuntos de interés público que justifiquen la actuación del Congreso. Pues el derecho a la educación que reviste interés público tiene que ver con aspectos académicos, de calidad educativa, y no con el comportamiento salarial ni tributario de las universidades. Además, ya Cervantes está siendo investigado en el Ministerio Público por una supuesta defraudación contra la Garcilaso. El juez concluye entonces que el control que busca la Comisión de Educación es competencia de otras entidades. Sin embargo, es discutible limitar genéricamente al Poder Legislativo en cualquier materia. 

Si el Congreso hubiera  concluido su trabajo con propuestas de cambios de política organizativa o de normas, una labor que le es propia, difícilmente un juez podría cuestionar los resultados. Pero los parlamentarios fueron más allá, y terminaron imputando delitos contra terceras personas. Y al hacerlo, se obligaron a estándares mucho más exigentes de debido proceso. Para comenzar, a acatar su propio reglamento, que es el marco normativo que supuestamente brinda garantías al investigado. 
Son exigencias nuevas, a las que el Congreso aún no se acostumbra, bajo la idea de una omnipotencia inexistente. Por eso el congresista Daniel Mora, impulsor de una reforma universitaria a la que se reconocen muchos méritos, declaró la semana pasada que propondrá una ley para intervenir Garcilaso. Nuevamente se excede: no puede haber legislación con nombre propio. Un asesor calificado debería decírselo.

NOTA: Es curioso que a dos días de que se vea nuevamente el Dictamen del informe de la Comisión Investigadora de Garcilandia, un periodista “llamado serio”, salga a cuestionar con pobres argumentos todo lo investigado contra el corrupto Cervantes. No sería de sorprender que dicho artículo sea usado por el Padrinito para una nueva demanda contra la Comisión de Educación debido a su “actuar de acuerdo a la Constitución”, tal como lo hizo en la demanda de Acción de Amparo, en donde los argumentos del juez Chang se basaron desde opiniones de congresistas hasta en recortes de Perú21.

lunes, 22 de septiembre de 2014

ESTÁN ADVERTIDOS



En el Tribunal Constitucional se cocina la anulación de la Ley Universitaria, bajo el padrinazgo de Luis Cervantes Liñán y los Rectores de universidades mediocres, esto con el fin de dar el pase la conversión de la UIGV de Asociación Civil a Sociedad Anónima Cerrada, y así apropiarse de una vez por todas de la universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Es el proyecto personal y que revelamos en el lejano 2009, en http://luchocontralucho.blogspot.com/2009/08/pronunciamiento-n-27.html de Luis Claudio Cervantes Liñán, quien busca culminar los 50 años de la UIGV como Asociación Civil y empezar una nueva era bajo la Ley de Sociedades, donde la Universidad Inca Garcilaso de la Vega no será sujeta de fiscalización alguna. No existirá la Asamblea General de Asociados, ni la Asamblea Universitaria, la modificación de la nueva estructura ya está en marcha y comenzará con la construcción de una moderna torre, en donde se albergarán todas las oficinas administrativas de la universidad, no es difícil adivinar que constructora será la encargada, puesto que la gran transformación está en camino. Varios de los locales administrativos de la UIGV serán vendidos y muchos docentes y trabajadores al desaparecer la Asociación Civil, serán liquidados con todos sus beneficios, en algunos casos pasarán a trabajar por medio de la tercerización laboral de los testaferros de Luis Cervantes Liñán. Si no nos creen, pregúntenles a los guachimanes de Segundo Mejía, aunque lo más probable es que a nadie le importe.

sábado, 20 de septiembre de 2014

ACCIÓN DE AMPARO QUE SE FABRICÓ EN GARCILANDIA



EL JUEZ  RICARDO CHANG RACUAY, SUSTENTÓ SU SENTENCIA BASANDOSE EN OPINIONES POLÍTICAS DE TRES CONGRESISTAS QUE SE OPUSIERON A LA INVESTIGACIÓN A GARCILANDIA, NOS PREGUNTAMOS ¿POR QUÉ NO CONSIDERÓ LOS MÁS DE 50 VOTOS PARA APROBAR LA MOCIÓN 7847?

La señora CHÁVEZ COSSÍO DE OCAMPO (GPFP).- Sí Presidente,
Solamente para advertir. Entiendo que este tema ya ha sido materia de investigación por la Fiscalía y formalización de denuncia por la 24° Fiscalía Penal, por lo tanto el tema ya está judicializado, sin embargo, señor Presidente, quiero dejar constancia de mi preocupación. No se ha respondido con solvencia por quien es el proponente de esta moción, cuál es el régimen que se aplica a esta universidad.

Entonces señor Presidente, tengamos claro que de aprobarse, como creo que se va a aprobar esta moción, estamos entrando, entonces, en una dinámica en que todo va a ser de interés público lo que se refiera al funcionamiento de entes privados.

Yo me pregunto: en la Universidad católica sonde enseña la cuñada, el tío, la prima de lo que llamamos nosotros los “caviares”, y que ganan desde el Rector ochenta mi soles, cincuenta mil el otro y treinta mil la otra, ¿también vamos a investigarla?.

El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).- Señor Presidente, este es un tema que se ha discutido ya bastante y creo que hay una indignación colectiva en la sociedad y aquí en los miembros del Congreso con respecto a la situación que asa particularmente en la Universidad Garcilaso. Lo hemos conversado más de una vez.

Sin embargo, es evidente, señor Presidente, que aquí hay la colisión de dos artículos constitucionales. No querer ver eso es no hacer un análisis serio para tomar una decisión. Por un lado el artículo 97°, como bien dice el Congresista Lescano, dice que cuando hay un interés público el Congreso debe investigar; pero el artículo 18°, habla de la autonomía universitaria y esa autonomía universitaria se refiere básicamente a uno de los puntos que pide esta moción, que es averiguar la real situación económica y financiera de la citada universidad, cosa contra la cual se ha pron unciado el Tribunal Constitucional que ha dicho que esto no es procedente.

El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).- Frente a las amenazas y las intervenciones desaforadas, procuraré ser más reflexivo que impulsivo. Señor Presidente, no nos quejemos, y eso contribuye al desprestigio del parlamento.

No nos quejemos si dentro de unos días, una vez aprobada esta moción, se interpone una acción de garantía y el Poder Judicial le enmienda la plana al Parlamento; porque, claro, venir a decir que quienes están en contra de la moción son corruptos, protegen la corrupción y cosas por el estilo, creen que con eso van a obnubilar el criterio de la gente a van a arredrar a otros; por lo menos, conmigo no. Y simplemente lo que quería era recordarle a los exabruptos de algunos parlamentarios, lo que dispone el artículo 18° de la Constitución, en su último párrafo, dicho artículo dice: “cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.

SIEMPRE DE PIE
NUNCA DE RODILLAS

lunes, 15 de septiembre de 2014

FAVOR CON FAVOR SE PAGA

¡INSÓLITO! GLADYS DE LA FLOR MATOS, LA ESPECIALISTA LEGAL DEL JUZGADO QUE EMITIÓ LA ACCIÓN DE AMPARO A FAVOR DE GARCILANDIA, ESTUDIÓ DERECHO EN LA UNIFE, SIN EMBARGO...
SE TITULÓ EN JUNIO DE ESTE AÑO EN LA UIGV 
Y SE INSCRIBIÓ EN EL C.A.L. 

¿COINCIDENCIA?
NO LO CREEMOS


sábado, 13 de septiembre de 2014

HOY EN DIARIO 16


DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NUEVO ESTATUTO DE LA U. GARCILASO

El procedimiento para elegir rector se hará de la forma tradicional. “Esto será aprovechado por Cervantes para perpetuarse en el poder”, denuncia profesor

En medio del desconcierto por parte de algunos profesores y alumnos de la universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), ayer fue aprobado el nuevo estatuto de dicha casa de estudios. Entre los puntos más controversiales de este nuevo reglamento destaca que la elección del rector se realizará con el tradicional procedimiento, o sea, se necesitará -por lo menos- la mitad más uno de los votos del total de los miembros hábiles de la Asamblea Universitaria.


“Esto sería aprovechado por el rector Luis Cervantes Liñán para perpetuarse en el poder”, así lo advirtió el profesor nombrado de esta casa de estudios, Edwin Castro, quien contó a este diario algunas de las sorpresas ocurridas durante la jornada de ayer.

En primer lugar, el maestro de la facultad de Psicología informó que la convocatoria para la aprobación de este nuevo estatuto fue “irregular” porque no se siguieron los mecanismos y canales correspondientes.

“Esta reunión fue improvisada. A los profesores ordinarios (nombrados) no nos comunicaron con anticipación sobre esta asamblea. En las anteriores oportunidades nos enviaron a cada uno de nosotros un documento dándonos cuenta de lo que se iba a hablar, esta vez no hubo nada de eso”, señaló.

AL ‘CABALLAZO’
En dicha reunión -según cuenta Castro- un grupo de profesores propuso ante el rector una cuestión previa para que no se vote la aprobación del cuestionado nuevo estatuto, sino que se otorgue un plazo máximo de una semana para revisar el documento y proponer alguna modificación.

Sin embargo, Cervantes Liñán se opuso férreamente a esta idea argumentando que “el general (congresista Daniel Mora) nos está presionando para de una vez por todas adecuarnos a la nueva Ley Universitaria”.

“Lo que Cervantes realmente quería es ganar tiempo. ¿Cuál era el problema de darnos unos días para leer con detenimiento este nuevo reglamento?, o acaso quería aprobarlo al ‘caballazo’ para que no revisemos el nuevo estatuto. ¿Esconderá algo?”, se preguntó el profesor.


Pese a los reclamos de algunos maestros, al final se votó la aprobación del nuevo estatuto de la UIGV. El resultado fue 90 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Cabe indicar que no todos los 119 profesores nombrados asistieron a dicha reunión. Algunos se ausentaron aduciendo enfermedad. “En realidad no quisieron ir porque le tienen miedo a Cervantes, ya que puede echarlos a la calle”, acusó el profesor.

CONDICIONANDO VOTOS
Lo grave del asunto -según cuenta Castro- es que varios profesores en la reunión cambiaron sus votos siguiendo cierta condición por parte del rector, ¿el motivo?, el cuestionado Luis Cervantes Liñán les habría ofrecido subirles las horas de trabajo, y por ende, gozarían de los beneficios sociales.

“Todos los profesores, a tiempo parcial, de la UIGV tienen programadas 20 horas semanales de dictado. Esto le permite a los docentes contar con algunos beneficios sociales, como CTS o EPS. Sin embargo, en estos últimos meses, a varios de nosotros se nos descontó algunas horas, llegando a dictar semanalmente 14, 12 o hasta 8 horas. Esto hizo que se nos quitará estos beneficios”, contó el profesor.

Denunció que más de 21 docentes fueron manipulados por Cervantes Liñán y votaron a favor de su cometido.