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Desde hace diez años, el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, cuenta con los servicios bien remunerados de un coronel en actividad de la Policía, que hoy busca ascender a general. Pero una denuncia por presunto espionaje a alumnos y docentes, y una resolución del Tribunal de Disciplina del Ministerio del Interior podría aguarles la fiesta a ambos.

Ahora que la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado un dictamen que propone reestructurar la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) debido a las múltiples denuncias de tipo penal contra su rector, Luis Cervantes Liñán, y autoridades académicas y administrativas, uno de los nombres que debe figurar en la agenda es de Segundo Leoncio Mejía Montenegro, el jefe de Seguridad y Protección Interna en el Área de Rectorado de la institución académica.

ES ALGO ASÍ COMO EL ‘SHERIFF’ DE LA UNIVERSIDAD, O DE SU SEÑOR RECTOR

Pero no es un ‘sheriff’ cualquiera. Segundo Leoncio Mejía Montenegro lleva ya diez años en ese cargo, contratado por el propio rector la universidad privada Garcilaso, y también dirige la Escuela de Instrucción, Capacitación y Entrenamiento en Seguridad Privada de esa casa superior de estudios. Todo, pese a ser un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en actividad, que hoy busca ascender al grado de general.

Pues bien, una resolución del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior (Mininter) ha recogido una denuncia contra este alto oficial precisamente por trabajar para una institución privada como la UIGV –con contrato por tiempo indeterminado– pese a que aún viste el uniforme policial, y ha ordenado abrir contra él una investigación disciplinaria por presuntas infracciones contra la disciplina, contra el servicio policial y contra le ética.

Algo impensable hace diez años en la universidad. Además, en todo este tiempo laboró para el rector Cervantes con conocimiento y autorización de altos jefes de la PNP, como narraremos más adelante.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Pero hay algo igual de fundamental que el tribunal disciplinario debería dilucidar. Las denuncias sindican a Mejía Montenegro como el hombre que presuntamente ordenaba y dirigía ciertas “acciones de inteligencia, identificación y seguimiento” contra profesores y estudiantes de la universidad, críticos del rector Cervantes. La investigación que empieza ahora abre esa insoslayable posibilidad.

A continuación, la historia del coronel Mejía, el comisario de la Garcilaso.

DIEZ AÑOS CON EL SHERIFF

Segundo Leoncio Mejía Montenegro fue contratado por la UIGV en octubre del año 2004. En ese entonces, en la estructura policial tenía el grado de mayor y ocupaba el cargo de comisario del distrito de San Damián, Matucana. 

A fines de ese año el vice rector administrativo de la UIGV quiso saber si su contratación había transgredido las normas de la PNP y le preguntó a esta institución si el “fichaje” de su flamante jefe de Seguridad y Protección Interna implicaba algún tipo de “impedimento o incompatibilidad laboral, funcional o legal”.

El 17 de diciembre la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, la abogada Cecilia Espiche Elías, respondió.

En el Informe No 7127-2004-0201, la abogada le resumió al secretario general del Mininter, Pedro Galindo Castro, lo que había determinado el Dictamen de Asesoría Jurídica No 6536-2005-DGPNP/AJ: “No resulta posible que dicho oficial pueda dedicarse a otra actividad ajena a la PNP, en un cargo de confianza y a dedicación exclusiva… la PNP no puede autorizar dicha labor”. Más claro, imposible.

La respuesta no debe haber sido del agrado del rector Cervantes ni de sus colaboradores en la universidad, pues algunos días después volvió a la carga. Esta vez tuvo mejor suerte.

El 26 de enero de 2005, el general Mauro Remicio Maguiño, entonces director de Seguridad del Estado –en donde se encontraba laborando Mejía Montenegro– le envió una misiva al rector Cervantes comunicándole que su oficial favorito sí estaba autorizado “para que continúe laborando como jefe Seguridad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, a tiempo parcial sin afectar el servicio policial”.

Según obra en la denuncia contra Mejía, la “luz verde” de Remicio fue ratificada ese año por el general Abdul Abed Rosas, inspector general de la Policía; nuevamente por Mauro Remicio cuando éste fue nombrado director general de la PNP; y luego por altos oficiales como Carlos Gómez Cahuas, jefe de la Policía Fiscal. Ya nadie lo movió del cargo de jefe de Seguridad de la Garcilaso.

CARGO DE CONFIANZA

Pero, ojo, que lo que Remicio dijo en su carta a Cervantes fue que el permiso para Mejía era “a tiempo parcial”. ¿Los servicios de Mejía a la universidad fueron a tiempo parcial? Es una de las cosas que serán investigadas.

El contrato vigente entre Cervantes y Mejía, firmado el 2 de enero de 2009 y denominado “Contrato de trabajo a tiempo indeterminado”, indica que esta relación laboral se rige por el Decreto Supremo No 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Y es compatible con las normas lo que han venido haciendo este oficial y el rector, con la anuencia de los citados jefes policiales?

El caso es que gracias a este permiso la UIGV le paga al ahora coronel Mejía S/. 10,000 mensuales. S/. 8,000 como remuneración y S/. 2,000 por bonificación especial, y el puesto que ocupa es catalogado en el contrato como “cargo de confianza”.

Inicialmente, la denuncia planteada ante la Inspectoría General de la Policía Nacional –presentada por el excatedrático de la UIGV, José Ochoa Pachas, hoy despedido de la universidad– fue archivada.

El autor del archivamiento fue el también coronel Jorge Juan Alarcón Pérez, inspector regional de Lima y Callao, quien pasó por alto las evidencias presentadas por Ochoa y no efectuó diligencias importantes.

Tras el archivo, Ochoa presentó un recurso de queja, y el 25 de setiembre último el Tribunal de Disciplina Policial del Mininter revocó la decisión del coronel Alarcón y ordenó que el coronel Mejía sea investigado. Además, señaló que al archivar la primera denuncia, el inspector regional “evidenció un desconocimiento de la norma legal”, y por eso a él también lo van a investigar.

En buena cuenta, la investigación que efectúe el Tribunal de Disciplina deberá zanjar si Mejía Montenegro violentó o no las normas policiales. Pero también debería determinar si los generales que en su momento le permitieron laborar en la Universidad Garcilaso actuaron, o no, de acuerdo a ley.

"ACCIONES DE INTELIGENCIA"

En estos años no solo hubo desazón en docentes y estudiantes de la Universidad Garcilaso por los manejos y las decisiones del rector Luis Cervantes. En este tiempo también se han sentido “espiados”.

Obtuvimos copia de informes que dos supervisores de seguridad y vigilancia de la UIGV le enviaron en junio de 2012 a su superior, Segundo Mejía Montenegro, dándole cuenta de las actividades efectuadas por un grupo de alumnos que cuestionaban la gestión del rector Cervantes.

“El suscrito, por disposición de la Jefatura de Seguridad [a cargo de Mejía Montenegro] continúa realizando diversos trabajos con la finalidad de identificar a los alumnos que estarían azuzando a los alumnos…”, señala parte del Informe No 021-2012-SEVISAPI/RUIGV, del 16 de junio de 2012, firmado por el supervisor de Seguridad y Vigilancia Jorge Navarrete Castillo. En el mismo documento se da cuenta de los alumnos que “tomaron la palabra y arengaron a los estudiantes”: Víctor Manuel Velezmoro Rubio, Juan José Racchumí Salas y Julio Theodoro Camargo Nieto.

El segundo informe, número 028-2012-SEVISAPI/RUIGV, del 20 de junio de ese año, lo firma otro supervisor, Carlos Cáceres Navarro, quien le da cuenta al coronel Mejía de la identidad de otro “azuzador”.

“El suscrito, en el marco de sus actividades de supervisión y control, continúa realizando acciones con la finalidad de identificar a los alumnos que están encabezando y azuzando a los estudiantes”, reporta, y luego entrega el nombre del cuarto estudiante “azuzador”: Julio César Torres Jiménez. El propio informe admite acciones de seguimiento contra este universitario: “… Al notar que se le estaba haciendo seguimiento optó por retirarse…”, indica.

IDENTIFICANDO "AZUZADORES"

Con estos “informes”, la universidad, a través de su llamado Tribunal de Honor, les abrió proceso disciplinario a los cuatro estudiantes y los expulsó. Según fuentes de la universidad, el único que ha logrado volver a las aulas es Julio Camargo Nieto.

Esa es la importancia que tuvo y que tiene para el rector y sus autoridades universitarias el coronel PNP Segundo Mejía Montenegro. Pero no sólo para la universidad. También lo sería para la institución policial, pues ahora forma parte del cuadro de ascensos para el grado de general, es decir, es serio candidato a obtener tal alto grado.

Buscamos contactar al coronel Mejía a través de la oficina del Rectorado. La secretaria de Cervantes nos manifestó que el coronel se encontraba con licencia y tomó nota de nuestros teléfonos para el respectivo contacto, pero al cierre de esta edición no recibimos comunicación. Además, números de celulares que teníamos registrados con su nombre se encuentran fuera de servicio.