PLENO DEL CONGRESO APROBÓ EL INFORME DE INVESTIGACIÓN CONTRA GARCILANDIA

RECTOR DE UIGV SERÍA DENUNCIADO POR LAVADO DE ACTIVOS, APROPIACIÓN ILÍCITA Y OTROS DELITOS

El Congreso de la República denunciará ante el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) al rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), Luis Cervantes Liñán, por la presunta comisión de los delitos de fraude en la administración de persona jurídica, apropiación ilícita, defraudación tributaria y lavado de activos.

En la sesión matutina (que fue suspendida a las 2 y 3 minutos de la tarde), la Representación Nacional aprobó el informe con 45 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. El total de votos fue inferior al quórum requerido para la sesión de la fecha, que es de 60 congresistas presentes.

Por ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento del Congreso, la presidente del Congreso, Ana María Solórzano Flores, volvió a someter a voto el informe en la sesión que se reinició a las 3 de la tarde, siendo aprobado por 59 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

El informe final fue elaborado por la Comisión de Educación, encargada por el Pleno de investigar la irregular situación de la UIGV con facultades de comisión investigadora, es decir, con facultades jurisdiccionales.

El documento se refiere a los exorbitantes sueldos que estarían percibiendo las principales autoridades y titulares de cargos directivos y de confianza en esa casa de estudios, pese a ser una entidad sin fines de lucro y beneficiaria de la exoneración de todo tributo fiscal, municipal y de tributos a la importación por parte del Estado.

Esa situación estaría perjudicando gravemente el patrimonio de la indicada casa de estudios y la situación de los alumnos al haber menos recursos para invertir en la mejora de la prestación del servicio educativo, al mismo tiempo que se perjudica al Estado que deja de percibirlos impuestos de los que está exonerada esa universidad.

En efecto, entre 2007 y 2012, el Estado dejó de percibir 47 millones 564,925 soles por concepto de impuesto a la renta y renta de tercera categoría, de los cuales está exonerada la UIGV.

El informe fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Zevallos (PP), quien mostró cuadros en los que se indicaba las elevadas remuneraciones mensuales y anuales que perciben las más altas autoridades de la UIGV, empezando por su rector, Luis Cervantes Liñán, cuyos ingresos anuales superan los 7.2 millones de soles, mucho más que perciben los rectores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (un millón de dólares, o sea, 2.9 millones de soles, al cambio actual), y de la Universidad de Harvard, cuyo ingreso anual llega a US$ 875,000. “El sueldo del rector es un récord mundial”, concluyó Mora Zevallos.
Refirió, asimismo, que el rector, que tenía el mando y control total de la UIGV gracias a un cambio en su reglamento interno, dispuso sueldos exorbitantes a su secretario general, Óscar Aquino (599 mil soles anuales), la hermana de este, la oficinista María Aquino (S/. 300,000); de su hijo (800 mil soles), de su hija y de su yerno (un millón 119 mil), y otros, de un total de 22 personas investigadas, entre autoridades y funcionarios.

DELITOS COMETIDOS

El informe propone denunciar ante la Fiscalía de la Nación a las autoridades de la referida universidad por la presunta comisión de los delitos de fraude en administración de persona jurídica; apropiación ilícita (de los bienes de la universidad); defraudación tributaria y lavado de activos.

Mora Zevallos explicó que la figura de lavado de activos se configura por la negativa del rector a dar a conocer los ingresos reales de la universidad y el número efectivo de estudiantes, lo que hace suponer la existencia de ‘alumnos fantasmas’ para justificar los ingresos, y después recuperar el dinero mediante los elevados sueldos.

Así mismo, sugiere al Ministerio Público que declare la nulidad de los actos administrativos que permitió la elevación de los sueldos del rector, sus familiares y allegados; haga un examen exhaustivo del patrimonio de la universidad, y disponga la expropiación de los bienes de las personas que se beneficiaron con esas ilegalidades.

El informe será elevado también a la SUNAT para que investigue la presunta evasión tributaria, y puesto en conocimiento del 29 Juzgado Penal de Lima, a cargo de las investigaciones de las presuntas irregularidades cometidas en la cuestionada universidad.
Al inicio de su exposición, el congresista advirtió que la UIGV es una institución privada, pero brinda un servicio público, por lo que el Parlamento está autorizado a investigarla en defensa, precisamente, del interés público, conforme lo dispone el Reglamento del Congreso.

EL DEBATE

Al iniciarse el debate Daniel Abugattás (NGP) anunció que presentaría un proyecto de ley para derogar el Decreto Legislativo 882, que dispuso la exoneración tributaria a las universidades privadas, lo que ha originado que las autoridades de estas elaboren diversas fórmulas administrativas para repartirse el dinero dejado de tributar, en beneficio propio. “Ese decreto es pernicioso para la educación peruana”, dijo el congresista.

Yonhy Lescano (AP-FA) propuso incluir en las recomendaciones del informe la propuesta para que el Ministerio Público disponga la eliminación de los actos administrativos por los cuales se autorizó la comisión de las irregularidades denunciadas, y la expropiación de los bienes de las autoridades beneficiadas

Para Vicente Zeballos (SN) las irregularidades fueron cometidas gracias a la ausencia del Estado y a la falta de control por parte de la SUNAT y del Ministerio de Educación; a la vez que justificó la investigación realizada por la comisión de Educación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento del Congreso, que lo autoriza a investigar hechos de interés público.

Por su parte, Martín Belaunde (PP) anunció que se abstendría de votar a favor del informe por su condición de profesor de la Facultad de Derecho de esa universidad; y Martha Chávez (FP) consideró que el tema estaba judicializado y no se debía interferir con un informe como el que estaba en debate.

La presidente del Congreso dispuso la lectura del inciso f) del artículo 88 del Reglamento del Congreso, según el cual las intervenciones judiciales en asuntos de interés público no interfieren en la labor de las comisiones de investigación nombradas por el Pleno del Parlamento.

Finalmente, Mesías Guevara (AP-FA) propuso UNA LEY POR CUAL SE DISPONGA EL NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN REORGANIZADORA que en el plazo de un año ponga orden en esa casa de estudios.